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Exitos Destacados

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la denegación de autorización para la ocupación del dominio público marítimo terrestre.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva definitivamente una querella por alzamiento de bienes e insolvencia

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sala de Lo Penal, ha confirmado el archivo de una querella acordada por el Juzgado de Instrucción de Arona por no apreciar ánimo fraudulento del querellado. El Tribunal considera que si bien es cierto que el querellado realizó actos de disposición sobre su patrimonio cuando ya se habían dirigido demandas de reclamación de cantidad en contra de su empresa, considera que dichos actos tuvieron justificación mercantil y no existe prueba fehaciente de una intención fraudulenta.

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la denegación de autorización para la ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Un Juzgado de Lo Social de Santa Cruz de Tenerife anula la sanción impuesta a una empresa por una supuesta cesión ilegal de trabajadores.

Recientemente se ha recibido notificación de sentencia dictada por el Juzgado de lo social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife en la que estimando íntegramente la demanda elaborada por Doña Tamara Conde Pfahl, abogada socia de WE&C Abogados, revoca y deja sin efecto una sanción de 100.005,00 € impuesta por Inspección de Trabajo a una empresa de servicios.

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la denegación de autorización para la ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Nulidad de procedimiento de ejecución hipotecaria

Habiendo contactado con WE&C Abogados un cliente demandado en un procedimiento de ejecución hipotecaria con la subasta de su propiedad muy próxima en el tiempo, y tras personarnos en el asunto, detectamos la existencia de una posible causa de nulidad del procedimiento al haberse realizado el emplazamiento inicial de manera deficiente, lo que colocaba al ejecutado en situación de indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución.

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